Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

La eficiencia y economí­a del gasto público no está garantizada.

Sin embargo la LAECSP concede a los ciudadanos el curioso “derecho” a dirigirse electrónicamente a los servicios públicos no solo con «estándares abiertos» (aquellos que son públicos y no tienen restricciones legales ni dependencias tecnológicas para su uso por parte de cualquier ciudadano o entidad) sino que «en su caso y de forma complementaria» también con aquellos formatos, protocolos o interfaces que, siendo exclusivos, secretos o patentados, «están ampliamente extendidos», extensión que se dilucida básicamente en función de la posición dominante de algunas multinacionales norteamericanas de software.

Esto hace que se pongan las condiciones para que las administraciones públicas incrementen su cautividad tecnológica y su dependencia de un solo proveedor, dado que, cuando un ciudadano decida usar uno de estos formatos, estarán obligadas por ley a atenderle y, por tanto, a pagar las regalías y posibles patentes para hacerlo. Este hecho es especialmente grave dado que supondrá un fortísimo incremento del gasto público en TIC que todos pagamos. Un derroche por otro lado absolutamente innecesario pues en todos los casos, esos formatos, protocolos o interfaces pueden ser fácilmente sustituibles por estándares abiertos existentes.

Esta paradójica situación quebranta el artículo 31 de la Constitución Española, aquel que establece que el gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía. Por lógica, si solo permitiera el uso de «estándares abiertos» no discriminaría a los ciudadanos por su elección tecnológica y además cubriría plenamente las necesidades y obligaciones de las AAPP a un coste económico y de dependencia tecnológica mucho menor.

 

Para mas información